Norma Piña sigue al frente de la SCJN y lidera el diálogo para la Reforma Judicial
CDMX a 2 de julio, 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la ministra presidenta Norma Piña continúa en su cargo, desmintiendo así las versiones periodísticas que sugerían su posible renuncia. A través de un comunicado oficial, la Dirección General de Comunicación Social de la Corte aseguró que Piña Hernández sigue desempeñando sus funciones jurisdiccionales y administrativas, además de mantener un diálogo activo con los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el contexto de la próxima reforma judicial.
Norma Piña, quien ha liderado la SCJN con firmeza, continuará sus esfuerzos para impulsar una reforma judicial que responda a las necesidades del país. El próximo 8 de julio, Piña encabezará el último de los 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia. Estos foros han sido un espacio de diálogo con ciudadanos, con el objetivo de formular una propuesta concreta para la reforma judicial en agosto.
El comunicado de la SCJN enfatizó que estos encuentros buscan recolectar diversas opiniones y perspectivas, permitiendo así que la reforma sea inclusiva y representativa de las necesidades de la sociedad.
El comunicado también abordó las versiones periodísticas que afirmaban que la ministra Yasmín Esquivel había solicitado la renuncia de Norma Piña durante una discusión privada sobre la reforma judicial. Según los informes, Esquivel habría argumentado que Piña no cuenta con una interlocución adecuada entre los tres poderes del Estado y que su renuncia podría facilitar una negociación más favorable para evitar una reforma radical.
Sin embargo, la SCJN negó estas afirmaciones y reafirmó el compromiso de Piña con su cargo y con el proceso de reforma judicial.
La ministra presidenta ha reiterado su compromiso con el sistema judicial del país, enfocándose en mejorar la justicia y seguridad a través de reformas estructurales que beneficien a todos los ciudadanos. Su liderazgo y diálogo constante con otros poderes del Estado son esenciales para avanzar en una reforma judicial que fortalezca la democracia y el estado de derecho en México.